La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha dado trámite a un amparo presentado contra el presidente Bernardo Arévalo, impulsado por Marco Vinicio Mejía Dávila. La acción legal alega una violación a la autonomía universitaria tras la presunta presencia de efectivos del Ejército durante un evento de la Vicepresidencia en la Universidad de San Carlos (USAC) el pasado 12 de febrero.
El amparo señala a Arévalo en su calidad de comandante general del Ejército y solicita que el mandatario emita una disculpa pública por el incidente. Además, exige garantías para evitar que situaciones similares se repitan, incluyendo la prohibición de que tanto el presidente como la vicepresidenta Karin Herrera ingresen a la universidad escoltados por fuerzas de seguridad armadas.
El pasado 20 de febrero, la CC resolvió admitir el amparo y ordenó al presidente presentar un informe detallado sobre los hechos en un plazo de 48 horas.
“Se admite para su trámite el amparo en única instancia promovido por Marco Vinicio Mejía Dávila contra el presidente de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, en calidad de comandante general del Ejército de Guatemala”, señala la resolución de la Corte.
Asimismo, la CC instruyó a las autoridades a proporcionar antecedentes del caso antes de decidir sobre la procedencia de medidas cautelares.
El Consejo Superior Universitario (CSU) denunció que efectivos castrenses ingresaron al campus central de la USAC el 12 de febrero, lo que llevó al cierre de accesos y la suspensión de actividades académicas en todo el país.
Por su parte, el Gobierno rechazó las acusaciones y aseguró que el Ejército no irrumpió en la universidad. En un comunicado, el Ejecutivo explicó que la vicepresidenta Herrera fue invitada por asociaciones estudiantiles para participar en una conferencia por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Además, justificó la presencia de personal militar como parte del esquema de seguridad presidencial, aclarando que la vicepresidenta no se encontraba en el campus cuando se aplicaron los protocolos de resguardo.
Este caso sigue generando debate sobre la autonomía universitaria y el rol de las fuerzas de seguridad en eventos oficiales dentro de instituciones académicas.
Fuente: Prensa Libre